Conceptos clave
El ámbito familiar es el más propicio para el desarrollo saludable de los/as niños, niñas y adolescentes
Desinternación y modalidades alternativas
La internación de niños, niñas y adolescentes en Uruguay sigue siendo un tema de preocupación. Más allá de situaciones de alta complejidad que muchas veces tornan inevitable las medidas de separación, el colectivo está convencido de que el enfoque de la política pública debe ser el de maximizar esfuerzos, capacidades y recursos a los efectos de asegurar el derecho a la convivencia familiar y comunitaria.
Uruguay presenta una de las tasas de internación de niños y niñas más altas de la región. En la actualidad, alrededor de 4930 se encuentran en el sistema de protección, de los/as cuales 3198 viven en instituciones de tiempo completo y 1732 en alternativas familiares (Sistema de Información para la Infancia, 2019).
El reconocimiento del derecho a la convivencia familiar y comunitaria nos exige redoblar los esfuerzos no solo en el fortalecimiento de las familias para prevenir la separación, sino también en el desarrollo de procesos de reintegros familiares para que los/as niños, niñas y adolescentes acogidos/as vuelvan con su familia en las mejores condiciones, en la búsqueda de cuidado por parte de otros referentes familiares cuando los progenitores no están en condiciones de realizarlo, en el desarrollo de modalidades alternativas de cuidado en ámbitos familiares y en dar inicio a los procesos de adopción para quienes no tienen posibilidades de volver con sus familias.
Desde el año 2016, Fipana se encuentra recorriendo un largo camino junto con Inau y Audec para lograr que se cumpla de la mejor manera posible el derecho de los/as niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. Con ese objetivo, desde las organizaciones de la sociedad civil se trabaja para promover la desinternación.
Cuando la decisión de separación del/de la niño, niña o adolescente de su familia cumple con todos los recaudos establecidos, el Estado debe elegir una modalidad de cuidado alternativo. Para ello debe tenerse presente que hay formas de cuidado más adecuadas que otras para garantizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes según las necesidades de cada situación, por lo que la elección debe estar justificada.
Los Estados deberán establecer legalmente una estrategia nacional de desinternación que contemple alternativas para la restitución del derecho a la vida familiar y comunitaria de los/as niños, niñas y adolescentes bajo cuidado residencial. Entre ellas, podrán considerarse:
• Dar preeminencia al compromiso de desinternación de niños y niñas menores de 3 años.
• El retorno a la familia cuando fuera conveniente según el interés superior de los/as niños, niñas y adolescentes.
• La recepción por familia de acogida.
• La adopción.
• El egreso asistido en el caso de jóvenes.
El cuidado residencial como medida de excepción
Si bien es deseable priorizar las medidas alternativas de cuidado y el cuidado residencial debe ser una medida de excepción, esta sigue siendo una modalidad necesaria en muchas situaciones.
La internación es una medida necesaria cuando la familia no ofrece seguridad en el respeto y la inviolabilidad de los derechos fundamentales. Si bien es deseable priorizar las medidas alternativas de cuidado y el cuidado residencial debe ser una medida de excepción, esta sigue siendo una modalidad necesaria en muchas situaciones.
Aunque sabemos que los derechos son universales, interdependientes e integrales, hay situaciones en las que debe tomarse la decisión de la separación, aunque eso implique la vulneración del derecho a vivir en familia.
Las situaciones de maltrato y abuso ameritan la separación, además de establecerse inmediatamente la urgencia de trabajar para evitar el daño a otras víctimas de la misma familia o a personas ajenas a ella.
En familias muy numerosas también se potencian las dificultades de vínculos con la escasez de recursos materiales y humanos. En la mayoría de los casos, ninguna de estas situaciones implica un corte abrupto y prolongado del vínculo familiar, sino que se busca supervisar y acompañar el crecimiento y maduración de ambas partes y posibilitar, siempre que sea posible, una futura convivencia.
Los/as niños, niñas y adolescentes que se encuentran dentro del sistema de protección no están en contexto de encierro.
Sistema de
protección y
discapacidad
La discapacidad representa un fenómeno social complejo y prevalente en los sistemas de protección infantil y en las modalidades alternativas de cuidado, por lo que necesita pensarse desde un abordaje integral en clave de derechos.
El 30 % de las organizaciones nucleadas en Fipana atienden a niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad y/o con trastornos asociados a la salud mental. En general, estos/as permanecen más tiempo en las modalidades de cuidado residencial, debido a que es más compleja su integración tanto a familias de acogida como a familias adoptivas.
Frente a situaciones de discapacidad o trastornos severos que imposibilitan la autonomía, es fundamental contar con centros especializados que puedan abordarlas. La condición de discapacidad agrava la vulnerabilidad, lo que hace que se recurra a la internación cuando existe una alternativa de vida de cuidado y protección. La principal dificultad radica en que los llamados centros especializados no llegan contemplar las diversas y múltiples necesidades que presenta esta población. Muy poco de lo que se observa es adecuado y suficiente, desde la situación de vivienda, trabajo, inserción social, nivel educativo que permita una comprensión de la discapacidad, hasta la existencia de redes que sostengan, protejan y promuevan el desarrollo y la autonomía de las personas.
Para esta población se deben incrementar los soportes materiales, humanos y educativos que hagan posible el egreso del sistema de protección, con alternativas familiares o comunitarias que impliquen una convivencia familiar.
En este sentido, resulta clave desarrollar la creatividad en la implementación de, por ejemplo, casas abiertas que favorezcan la inclusión comunitaria. Tenemos que tener en cuenta que en muchas situaciones la protección es para toda la vida, haciéndose muy difícil la institucionalización.
El apoyo del Mides, Asse y Salud Mental es clave para el desarrollo de estas iniciativas. Programas de acompañamiento y partidas económicas serán necesarias para el núcleo que integre a estas personas vulnerables desde un abordaje integral en clave de derechos. Los protocolos de egreso deben incluir rutinas de supervisión y evaluaciones continuas de estos núcleos familiares, buscando promover el crecimiento, la autonomía y la promoción de estos sujetos.
Para los casos en los que sea posible el egreso del sistema de protección, es necesario flexibilizar los protocolos de egreso cuando se trata de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, promoviendo egresos asistidos por equipos técnicos de apoyo y ofreciendo garantías de alquiler y apoyo a viviendas tuteladas en edificios y centros comunitarios.
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